Cuba ha llegado a la crisis del coronavirus con mayor discusión ciudadana y política sobre violencia de genero. En ello ha sido clave la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada en 2016 y publicada en 2019, que reveló que 39,6 por ciento de las mujeres declara haber sido víctima de violencia al interior de las relaciones de pareja en algún momento de su vida. También ha contribuido a la visibilización del asunto el primer dato oficial sobre feminicidios íntimos en el país, que arrojó una tasa de 0,99 por cada 100 mil mujeres de 15 años o más, en 2016.
La dimensión del problema en Cuba es notable y comparable con las cifras globales que reportan que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental.
Pero Cuba llega a los tiempos del Covid-19 sin una ley específica sobre violencia de género, sin la especificación de ese delito en el cuerpo normativo nacional y con escasas denuncias, a pesar de la frecuencia con la que se verifican esos hechos de violencia. Además, el país tiene pocos servicios habilitados para la atención a mujeres y menores víctimas de violencia machista y no hay líneas telefónicas oficiales para la respuesta de emergencia específica a estos casos. Tampoco existen refugios de acogida temporal.
En esta coyuntura, la violencia hacia las mujeres y menores en los espacios domésticos ha aumentado como ha sucedido en otros lugares del mundo. A los índices previos de violencia machista, se añade ahora la restricción de movilidad como medida necesaria para contener la pandemia. En hogares hacinados, con el aumento de la precariedad económica y carencia de políticas e instituciones eficientes para estos casos, estas violencias podrían estar planteando ya una crisis convergente con la del coronavirus. Y podría permanecer invisible, sin registros ni capacidad de respuesta.
En países como España, han aumentado las consultas al 016 durante el confinamiento por el coronavirus pero las denuncias al 016 han disminuido. Así lo ponen de relieve los datos facilitados por el Ministerio de Igualdad y manejados en las últimas semanas por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, la Fundación Mutua Madrileña ha adoptado nuevas medidas para apoyar la lucha social y la investigacion en salud en España contra los efectos de la pandemia por Covid-19. Entre ellas, la apertura de dos nuevas convocatorias extraordinarias de ayudas, para apoyar a colectivos vulnerables afectados por la crisis y para financiar proyectos de investigación médica sobre el coronavirus, dotadas con 500.000 euros en total.
