El gobierno comunista de Cuba tiene previsto implementar el plan de ajuste laboral que llevará al despido de más de un millón de funcionarios estatales. Los trabajadores se reubicarán en empresas cooperativas y pequeños negocios.
De momento, Raúl Castro ha pedido una moratoria para aplicar el plan. El Consejo de Ministros con el menor de los Castro a la cabeza ha señalado que una reforma de semejante envergadura requiere de no poco tiempo para llevarse a cabo. Sin embargo, no parece que se vayan a cumplir los plazos fijados. Se habían planificado 500.000 despidos en marzo, pero a fecha de hoy sigue sin tocarse nada.
El proceso de adelgazamiento burocrático seguirá criterios basados en la congelación de las plantillas y la priorización de los cambios a formas de empleo no estatal. Se respetarán únicamente los cargos funcionariales imprescindibles.
Raúl Castro ha consolado a sus funcionarios diciendo que ninguno de ellos quedará en situación de desamparo. Por lo pronto, todos ellos percibirán el salario de un mes en concepto de indemnización. Los despedidos se reencauzarán al sector de las cooperativas inmobiliarias y agrícolas, así como a los pequeños negocios. Al efecto, se vienen concediendo millares de licencias comerciales.
